El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha ordenado al departamento de Enseñanza que adopte -de forma cautelar- las medidas necesarias para que seis alumnos de infantil, primaria y secundaria cuenten con el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza.
A través de seis autos distintos, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere a Enseñanza para que dé, de forma cautelar, este trato a los alumnos hasta que se resuelva la impugnación que sus padres plantearon a una resolución de la Consellería en la cual se desestimaba sus pretensiones sobre el régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria.
En estos seis casos concretos, el TSJC requiere a la Consellería para que adopte las medidas precisas de cara a adaptar el sistema de enseñanza lingüístico, en cuanto afecte al hijo de los recurrentes, a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán. El TSJC ha aclarado que los autos notificados no suponen de ninguna manera segregación de estos alumnos por razón de lengua. Esta misma sección del TSJC ya creó un precedente en 2011 al dictar un auto por el cual daba un ultimátum de dos meses a la Generalitat para que implantara el castellano como lengua vehicular en las escuelas. Dicho auto fue suspendido posteriormente al ser impugnado por la Generalitat. Con posterioridad también reconoció, en mayo del pasado año, el derecho de otras cuatro familias a que sus hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán, lo que llevó a la consellera Irene Rigau a presentar un recurso al entender que la decisión judicial suponía una «grieta» del sistema educativo catalán.
En los seis autos, la sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJC advierte que ello no presupone que adelante el fallo sobre la cuestión de fondo planteada en el recurso.
La Generalitat por su parte ha señalado que recurrirá dichas medidas cautelares impuestas por este Tribunal para garantizar la educación en castellano de seis alumnos, al entender que no tienen ningún sentido ni hay riesgo para los niños. Según Rigau, carece de sentido aplicar las medidas cautelares puesto que no existe peligro para los alumnos que estudien en Cataluña el dominio del castellano y el catalán al finalizar sus estudios.
